Brasil: guía para entender la situación de Dilma hoy

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Si hasta hace poco las cosas estaban complicadas para Dilma Rousseff en Brasil, ahora podría decirse que –aunque aún no hay nada definido- la actual mandataria tiene un pie afuera de la presidencia del país, luego de que ayer la Cámara de diputados aprobara el juicio político en su contra, tras conseguir los 367 votos necesarios para comenzar el “impeachment”. Por su parte, el gobierno obtuvo 137 en contra, mientras que se registraron 7 abstenciones y 2 ausentes.

Le toca ahora al Senado hacer su parte. La cita es el miércoles 11 de mayo y ahí será cuando se defina si Dilma será apartada o no de sus funciones por un plazo que podría alcanzar los 180 días, que es el tiempo que tendría para presentar su defensa –acusada de manipulación de las cuentas públicas-.

Al día de hoy, los analistas coinciden en que habrá coincidencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. En tal caso, el vicepresidente Michel Temer sería quien asumiría como mandatario, por un período máximo de seis meses, aunque completaría el mandato hasta 2018, si los senadores declarasen finalmente culpable a Rousseff

 El proceso

El Senado deberá constituir una comisión especial que, tras un plazo de diez días, emitirá su parecer respecto de la recomendación de la Cámara de Diputados. El veredicto de esa comisión sería después sometido a votación en el plenario del Senado, donde se necesita una mayoría simple –es decir, 41 de los 81 votos- para que se abra el juicio.

Como explicamos anteriormente, si en esa votación la Cámara alta ratificara el enjuiciamiento, Rousseff sería apartada del cargo de forma inmediata, para ser reemplazada por Temer. En tanto, durante la votación definitiva sobre si Rousseff es condenada o absuelta, el Senado estaría presidido por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.

Para que la presidente sea condenada y luego, destituida, se necesitan los votos favorables de 54 senadores, que equivalen a dos tercios del total. Así, Rousseff saldría del Gobierno y no podría disputar ni ejercer ningún cargo electivo durante ocho años. Y ahí, Temer se proclamaría presidente de la República hasta el fin del mandato, el 31 de diciembre de 2018.

De qué se le acusa

Mucho se dijo, pero a no confundirse: el resonante escándalo de corrupción de Petrobras –que involucra al gobierno, dirigentes políticos y empresarios – no tiene que ver con el juicio político a Dilma.

Aquí, la acusación central es que habría violado normas fiscales, al maquillar el déficit presupuestal, un tema urticante que causó una gran polémica en Brasil, entre los que creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así, versus los que sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.

Puntualmente, la denuncia alude a lo que en Brasil se denominan “pedaladas fiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.

Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen. Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.

Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.

 

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